La Audiencia Nacional rastrea si Ferraz sufragó una campaña encubierta para impulsar a Illa

La investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre la denominada trama de Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán amenaza con proyectar su sombra sobre uno de los mayores éxitos electorales recientes de los socialistas: la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas de mayo de 2024.

El juez Santiago Pedraz ha solicitado al PSOE una amplia batería de documentación relacionada con aquella campaña electoral. El requerimiento incluye estados contables, contratos, facturas, gastos de propaganda y publicidad, así como toda la información remitida en su día a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Cuentas. El objetivo es determinar si existió algún tipo de estructura paralela sufragada desde Ferraz que pudiera haber influido en el desarrollo de la campaña.

Las sospechas giran en torno a una posible campaña encubierta financiada al margen de los cauces ordinarios. Según las fuentes de la investigación, el magistrado trata de esclarecer si desde la dirección federal socialista se impulsó alguna actuación destinada a favorecer electoralmente al PSC o perjudicar a otras formaciones políticas durante unas elecciones que marcaron un giro histórico en Cataluña al poner fin a años de gobiernos liderados por fuerzas independentistas.

La investigación conecta además con las pesquisas sobre la presunta “unidad de acción” descrita por la UCO y recogida en distintos autos judiciales. Según esa línea de investigación, Leire Díez y Santos Cerdán ya formarían parte a comienzos de 2024 de un entramado organizado cuya actividad está siendo analizada por la Audiencia Nacional.

Uno de los elementos que ahora se encuentra bajo revisión son los datos económicos de la campaña socialista. El informe de la Sindicatura de Comptes refleja que el PSC dispuso de cerca de 2,9 millones de euros para concurrir a aquellos comicios. El organismo fiscalizador también dejó constancia de determinados gastos realizados fuera de la cuenta electoral habilitada para la campaña y de operaciones relacionadas con empresas cuya facturación superaba determinados límites de comunicación establecidos por la normativa.

Desde el PSC han reaccionado asegurando que toda la documentación requerida ya había sido remitida a los organismos de control correspondientes y han reiterado su disposición a colaborar con la Justicia. Los socialistas subrayan además que el auto judicial no establece ninguna conclusión sobre la campaña catalana ni atribuye irregularidad alguna a Salvador Illa o a su partido.

Las explicaciones, sin embargo, no han convencido a Junts. La portavoz de la formación en el Parlament, Mònica Sales, exigió la comparecencia inmediata del presidente de la Generalitat para ofrecer explicaciones públicas. También Carles Puigdemont se sumó a las críticas y reclamó transparencia. “Menos victimismo y más explicaciones”, escribió en sus redes sociales.

Por el momento, la Audiencia Nacional únicamente ha solicitado información y documentación. Sin embargo, la decisión de Pedraz de poner bajo la lupa las cuentas de la campaña que llevó a Illa al Palau de la Generalitat añade un nuevo foco de presión sobre el PSOE en un momento especialmente delicado para el partido por la acumulación de investigaciones judiciales que afectan a destacados dirigentes y antiguos colaboradores de la formación.