Una familia marroquí acepta dos años de cárcel por explotación de inmigrantes ilegales en el campo en Valladolid

Condena por explotación laboral en el sector agrícola

Un grupo familiar de nacionalidad marroquí, integrado por cuatro hermanos y su progenitora, ha admitido este viernes en Valladolid una sentencia de dos años de prisión por emplear de manera irregular a connacionales indocumentados en labores del campo en distintos municipios de la provincia y áreas colindantes. Todos los acusados han aceptado los cargos que se les atribuían.

Acuerdo judicial y reducción de penas

El proceso judicial no llegó a celebrarse debido a un convenio establecido entre la representación legal de los acusados y las partes demandantes, incluyendo la acusación particular de la Seguridad Social. De esta manera, los miembros de la familia vieron reducida su condena original de cinco años y medio a dos años, con la aplicación suspendida durante un período de cinco años, lo que les permite evitar el encarcelamiento si no cometen nuevos delitos.

Detalles de la sentencia

• Pena principal: Dieciocho meses de prisión para cada uno
• Sanción económica: Multa de 230.000 euros
• Restricciones: Inhabilitación para recibir ayudas públicas durante tres años
• Atenuante aplicado: Reparación parcial del daño mediante pago de 20.000 euros

Responsabilidad civil

Como compensación por los perjuicios causados, deberán abonar de manera solidaria 205.000 euros a la Seguridad Social, cantidad que resulta de deducir los 20.000 euros ya entregados. Este desembolso demostró su disposición a resarcir los daños ocasionados y contribuyó a la disminución de la pena inicialmente prevista.

Condiciones del acuerdo

• Pago mensual de 400 euros
• Compromiso de no delinquir durante cinco años
• Obligación de mantenerse localizables y notificar cambios de residencia

Antecedentes del caso

La Fiscalía de Valladolid había solicitado inicialmente una condena de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los cinco empresarios marroquíes, pertenecientes a la misma familia, a quienes se acusaba de constituir una organización criminal dedicada a contratar mano de obra agrícola sin registrar en la Seguridad Social, acumulando importantes deudas.

Método operativo

Los cinco implicados, de origen marroquí y vinculados familiarmente, organizaron la prestación de servicios agrícolas en Valladolid y provincias próximas con fines económicos, evitando sistemáticamente el pago de las cotizaciones sociales correspondientes tanto a sus empleados como a ellos mismos, mediante una estructura diseñada para eludir obligaciones legales.

Estrategias de evasión

Se registraban alternativamente como empresarios autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social, aparentando regularidad en su actividad de servicios agrícolas. Rotaban la titularidad formal de las empresas para evitar el pago de deudas, manteniendo sin embargo a los mismos trabajadores y residiendo en dos viviendas de Olmedo, acumulando una deuda total de 225.125 euros.

Descubrimiento de las irregularidades

La Inspección de Trabajo verificó en 2022, en explotaciones agrícolas de Chañe y Cantalejo, en Segovia, que empleaban a paisanos sin documentación para la recolección de patatas y fresas, careciendo estos de autorización de residencia y trabajo. Estas actuaciones pusieron de manifiesto la situación de explotación laboral que mantenían en el sector agrícola regional.