Un subsahariano amenaza con matar desde unos calabozos de Salamanca: «Cuando salga voy a matar al primero que encuentre»

M.N. es una figura que representa muy bien la problemática del desamparo y la violencia en contextos de vulnerabilidad social. No es ajeno a los altercados en un edificio abandonado que, en sus últimos días, se convirtió en un hogar temporal para personas sin hogar. Este lugar, caracterizado por la ocupación ilegal y la convivencia entre indigentes, fue escenario de numerosos conflictos, y M.N. ha estado en el centro de varios episodios violentos.

Recientemente, la justicia ha vuelto a poner su mirada en él tras una serie de incidentes que han acaparado la atención mediática. Se encuentra ahora enfrentando una nueva acusación por haber quebrantado una orden de alejamiento que le prohibía acercarse al edificio donde solía residir. Acompañado por otro indigente conocido como R.E., M.N. ingresó de nuevo al inmueble a pesar de la prohibición, una violación que ha llevado a la Fiscalía a solicitar una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios, lo que suma un total de 5.400 euros por cabeza. Sin embargo, dado que ambos carecen de recursos y arraigo en la comunidad, es muy probable que la pena se convierte en días de arresto.

La vista preliminar está programada para el 18 de junio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca. Durante este proceso, las partes involucradas intentarán llegar a un acuerdo para evitar la prisión. M.N. y su compañero, apodado ‘El Grandote’, tienen un historial preocupante de violencia relacionado con el edificio, lo que complica aún más su situación.

A finales de diciembre de 2023, ambos fueron arrestados tras un asalto violento a otro ocupante del edificio. M.N. fue acusado de forzar puertas, golpear a la víctima y amenazarla con un cuchillo para robarle pequeñas cantidades de dinero. Este acto violento resultó en su detención y posterior prisión preventiva, aunque más tarde fue liberado con la condicionante de no acercarse al lugar.

Desafortunadamente, el 7 de enero, tanto M.N. como R.E. fueron sorprendidos nuevamente en el interior del edificio, infringiendo así la medida del Juzgado de Instrucción número 2. La intervención de la Policía Nacional se desencadenó tras una alerta, y durante su arresto, M.N. mostró una actitud hostil, autolesionándose y proferiendo amenazas graves.

La situación se volvió aún más complicada cuando fue trasladado a disposición judicial, reforzándose la orden de alejamiento que ya existía. Este ciclo de quebrantamientos y detenciones no es nuevo para M.N., quien tiene un historial penoso de condenas por robos, amenazas y desórdenes públicos. Además, su situación se agudiza al no contar con un domicilio fijo y presentar problemas de salud mental y consumo de sustancias recetascookeomoulinex-es.translate.goog.

En su última comparecencia ante el juez, M.N. justificó su regreso al edificio argumentando que “tiene que dormir en algún sitio”. Su lógica traspasa la frontera de lo inusual al cuestionar por qué debía ser él quien se marchara y no “el otro”, defendiendo su conducta agresiva como resultado de estar "nervioso".

La Fiscalía ha calificado los hechos de M.N. y R.E. como un delito de quebrantamiento según el artículo 468 del Código Penal. Aunque la pena solicitada es económica, la realidad indica que es más probable que ambos enfrenten una prisión subsidiaria dado su historial delictivo y la incapacidad de pago.

Es evidente que el caso de M.N. y R.E. no solo pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial, sino también la urgente necesidad de abordar la problemática del desamparo y la violencia en nuestras sociedades. Se plantea un desafío tanto para las autoridades como para la comunidad en general, que debe reflexionar sobre las razones que llevan a individuos a caer en este ciclo vicioso de delito y exclusión.