Salvar a Puigdemont de sí mismo: una delicada "operación de Estado"

El mayor riesgo en la entrada y evacuación de Carles Puigdemont el 8 de agosto del año pasado lo constituyó el propio Puigdemont. Los Mossos temían que el expresidente se les echara encima mostrando las muñecas. En Interior esperaban que no se hiciera detener en función de sus cálculos políticos. Pocos días antes, nadie dudaba de que asistiría a la investidura de Salvador Illa, pero pronto mostró que planeaba regresar a Waterloo.

Interior se desentendió, dejando la seguridad en manos de la Generalitat. La consejería, dirigida por Joan Ignasi Elena, debía ejecutar la orden de detención de Puigdemont. Sin embargo, priorizaron garantizar el pleno de investidura, con la pasividad del Gobierno de Sánchez y la excusa de la incompetencia de los Mossos en cumplir mandatos judiciales.

El operativo funcionó: Puigdemont salió de España sin controles ni persecución. El Supremo vio impotente cómo no se activaban resortes, mientras Eduard Sallent, jefe de los Mossos, montaba un plan kafkiano para "detenerlo sin detenerlo". En un chat policial, Sallent instruyó que, de ser necesario, un agente de paisano lo arrestaría sin contacto físico, temiendo un espectáculo mediático.

Sallent fue destituido días después por Trapero, quien declaró en el Supremo que tuvo un plan para detener a Puigdemont pero no lo ejecutó. Diez meses después, Sallent testificó que no creía que Puigdemont quisiera fugarse y que los Mossos no coordinaron con otras policías. Tampoco hubo controles en Barcelona ni seguimiento de su paradero.

La cadena de responsabilidades terminó en Sallent, quien tras ser apartado fue nombrado comisario jefe en el sur de Barcelona.