María Chivite colocó a su tío al frente de la consejería y la empresa pública claves para la trama de Cerdán

En los últimos días, el Gobierno de Navarra ha sido sacudido por un escándalo que involucra la adjudicación de obras públicas que, según informes, plantea serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. El foco de atención se centra en la figura de Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial y tío de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite. La cercanía familiar y las circunstancias en que fue nombrado han suscitado inquietantes interrogantes sobre la ética en la gestión pública.

Óscar Chivite, un maestro industrial electricista con una carrera principalmente ligada al ámbito privado a través de su empresa Lauburu S.L., fue designado para su puesto en agosto de 2023. Su trayectoria política se limitaba a haber sido concejal en su municipio natal, Cintruénigo. Sin embargo, su llegada al Gobierno regional coincidió con momentos críticos, como la segunda fase del concurso para el desdoblamiento del túnel de Belate, una obra cuya adjudicación de 76 millones de euros ha sido rodeada de controversia y acusaciones de amaño.

El Tribunal de Cuentas de Navarra ha indicado que existen numerosas anomalías en el proceso de adjudicación. Un aspecto llamativo ha sido que cuatro de las siete empresas que participaron en la licitación presentaron ofertas idénticas, lo que sugiere un posible colusión para favorecer a la UTE compuesta por Acciona, Servinabar y Fermín Osés. Esta situación plantea serias dudas sobre la validez de la valoración cualitativa, que se llevó a cabo bajo la supervisión de Chivite en su condición de consejero.

Las críticas no han cesado, y la Cámara de Comptos ha emitido un informe donde se destacan las irregularidades en el proceso. La falta de motivación suficiente en la puntuación técnica y el posible acceso anticipado a información clave por parte del presidente de la Mesa de Contratación son solo algunas de las preocupaciones esbozadas. Este informe ha llevado a elevar la preocupación a niveles tales que se prevé una auditoría minuciosa por parte de la Justicia.

A pesar de las acusaciones, Chivite se ha defendido argumentando que la transparencia en la adjudicación ha sido total. Sin embargo, tanto el Gobierno como los ciudadanos saben que este tipo de justificaciones no despejan las dudas, especialmente considerando el contexto familiar que rodea su nombramiento. La normativa sobre incompatibilidades establece que los altos cargos deben apartarse de cualquier actividad que comprometa su integridad, lo cual no se cumplió a cabalidad en el caso de Chivite, quien tardó en desvincularse de su empresa, contribuyendo a la percepción de conflicto de intereses.

La situación ha llevado a una presión creciente desde la oposición política, que no solo demanda la dimisión de Chivite, sino que también cuestiona la gestión de María Chivite dentro del Gobierno. La imagen de un Ejecutivo que, ante denuncias de corrupción y falta de transparencia, parece tambalearse, pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones navarras.

Mientras se desarrollan los acontecimientos, lo que está claro es que el escándalo en la consejería de Cohesión Territorial podría tener repercusiones significativas para el futuro del Gobierno de Navarra. La necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública es más crucial que nunca, y la presión por parte de los organismos de control se vuelve inevitable. Los próximos pasos serán determinantes para esclarecer este asunto y restaurar la confianza en un sistema que, por el momento, se enfrenta a graves acusaciones de falta de ética y transparencia.