La Audiencia de Barcelona amnistía a cerca de 40 ex altos cargos de la Generalidad

La reciente decisión del tribunal de modificar la resolución que dejaba lista la causa del referéndum del 1 de octubre de 2017 para juicio ha causado un amplio debate en el ámbito jurídico y político en España. A través de esta determinación, se ha validado la petición de la Fiscalía, que ha argumentado a favor de la amnistía, perdonando así los delitos investigados relacionados con la preparación y estrategia del referéndum.

Este proceso, conocido como la “causa madre” del 1-O, que fue apertura por el Juzgado 13 de Barcelona, ha tenido un impacto significativo tanto en los implicados como en el contexto nacional. Entre los beneficiados por esta amnistía se encuentran figuras como Jaume Clotet, Núria Llorach, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, así como varios ex interventores y responsables de Diplocat y la acción exterior. La amnistía también se extiende a más de una docena de empresarios que jugaron un papel clave en la logística y financiación del referéndum.

Uno de los puntos más controvertidos de la decisión es la inclusión de la malversación de fondos públicos, a pesar del rechazo del Tribunal Supremo (TS) hacia este tipo de perdón. La Audiencia argumenta que no se ha demostrado un enriquecimiento personal y que las actuaciones de los implicados respondían a un mandato político. Este argumento refuerza la noción de que las acciones estaban orientadas hacia un proyecto independentista más que a un interés personal.

Sin embargo, no todos los implicados se benefician de la amnistía. Albert Royo y Roser Clavell quedan fuera de este perdón por presunta prevaricación en Diplocat, aunque su exclusión se limita a contratos de limpieza y auditoría que no están directamente vinculados al procés. Este detalle subraya la complejidad de la aplicación de la amnistía y las diferentes interpretaciones que pueden surgir en casos específicos.

La Fiscalía, al justificar esta amnistía, tocó un tema crucial: la conexión directa entre las actuaciones de los implicados y el proceso independentista. Esto pone de relieve un aspecto fundamental en el debate sobre la legalidad y legitimidad de las acciones llevadas a cabo durante el referéndum. La Audiencia ha señalado que no se puede ignorar esta conexión y que no es necesario exigir un propósito de enriquecimiento personal para que la amnistía sea aplicable.

Además, se ha reactivado el litigio acerca de la aplicación de la amnistía a aquellos afectados por acciones relacionadas con la exteriorización del procés, especialmente en el contexto de las futuras revisiones por parte del Tribunal Constitucional. A medida que avanza este debate, también se abre la puerta a posibles recursos ante el Tribunal Supremo y consultas sobre la manera en que se debe interpretar la malversación bajo esta nueva normativa.

En resumen, la reciente decisión sobre la amnistía de los delitos vinculados al referéndum del 1-O no solo tiene implicaciones para los individuos involucrados, sino que también sienta un precedente sobre cómo se gestionan cuestiones de justicia y política en España. Este fallo, en un momento crucial de la historia del país, promete seguir generando discusiones y análisis en los próximos meses.