Hacienda admite que el caos provocado por el Covid abrió la puerta al comisionista Aldama y a la trama Koldo

Cinco años después de la pandemia, el propio Ministerio de Hacienda ha dejado por escrito una conclusión demoledora sobre la gestión de aquellos meses bajo el Gobierno de Pedro Sánchez: el sistema extraordinario de contratación aprobado durante el Covid eliminó algunos de los controles habituales y abrió la puerta a intermediarios como Víctor de Aldama.

El informe de 151 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno atribuye a Aldama un presunto fraude fiscal de 2,4 millones de euros por el negocio de las mascarillas. Pero más allá de esa cifra, la frase que más incomoda al Ejecutivo aparece cuando Hacienda admite que aquellas compras se realizaron bajo “reglas excepcionales” caracterizadas por la ausencia de publicidad, concurrencia y competencia entre empresas.

En condiciones normales, subraya la Agencia Tributaria, una figura de mediación como la que supuestamente desempeñó Aldama “no tiene cabida” en la contratación pública. Sin embargo, añade literalmente que “es en este escenario donde surgió la figura del intermediario”.

Ese modelo fue defendido durante la investigación por antiguos altos cargos públicos. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aseguró que aquella compra fue “la primera entrega que llegaba a España”. El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, sostuvo que Interior contrató “de acuerdo a las posibilidades que tenían”.

Según medios nacionales que han recogido el informe, Hacienda considera además que sociedades como Deluxe Fortune y MTM 180 Capital actuaron como empresas “pantalla”, mientras Soluciones de Gestión aparece nuevamente en el centro de la investigación.

El informe llega además en uno de los momentos más delicados para el Ejecutivo por el desgaste del caso Koldo. La causa mantiene en el foco a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García por su vinculación con Víctor de Aldama, mientras el escándalo ha salpicado políticamente a dirigentes como Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Teresa Ribera y Reyes Maroto por reuniones, contratos o contactos conocidos durante aquellos meses. 

También antiguos responsables del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska han defendido ante la Justicia que actuaron bajo la presión extrema de la pandemia. Lo que ahora certifica Hacienda es que aquel sistema excepcional redujo precisamente los controles que debían evitar escándalos como este.