El megajuicio contra la cúpula de la Mara Salvatrucha marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

El Salvador da inicio esta semana a un proceso judicial sin precedentes: 492 líderes de la Mara Salvatrucha se presentarán ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en audiencias que tendrán lugar de manera virtual desde diferentes centros penitenciarios. Entre los acusados se encuentran 24 integrantes de la conocida «ranfla histórica», que representa el núcleo más poderoso de la organización, así como 215 ranfleros y 253 corredores de programas. La Fiscalía General de la República ha elaborado un expediente que supera los 37.000 folios, donde se detallan hasta 37.402 delitos perpetrados entre 2012 y 2022.

Los imputados enfrentan cargos muy graves, que incluyen homicidio agravado, desaparición forzada, extorsión, tráfico de armas y drogas, actos terroristas y rebelión. Las investigaciones han mostrado que estos líderes coordinaban operaciones criminales a nivel regional, controlando redes dedicadas al tráfico de personas, la distribución de narcóticos y una extorsión sistemática. Este proceso abarca tanto a delincuentes capturados durante el régimen de excepción como a aquellos que purgan condenas en prisiones de máxima seguridad como Zacatecoluca, Izalco y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Algunos de estos mandos han sido localizados en México, Estados Unidos y otros países centroamericanos.

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional que surgió en Los Ángeles durante los años ochenta entre inmigrantes salvadoreños. Su expansión hacia Centroamérica fue rápida, convirtiéndose en una de las estructuras delictivas más violentas del área. Su modelo operativo se basa en el control territorial, extorsión a comercios y transporte, tráfico de drogas y ejecuciones selectivas. A diferencia de otras bandas, la MS-13 mantiene una jerarquía rígida con líderes que orquestan operaciones desde prisiones de máxima seguridad, utilizando sistemas comunicativos avanzados para coordinar actividades delictivas en varios países.

Desde su llegada al poder, el presidente Nayib Bukele ha puesto en marcha una política confrontativa contra las pandillas. Su enfoque, conocido como «mano dura», combina operativos militares masivos con reformas legales drásticas y la construcción de cárceles penitenciarias altamente seguras. En abril de 2026 entrarán en vigor reformas constitucionales que permitirán la prisión perpetua para menores a partir de los 12 años, rompiendo así con el modelo tradicional del sistema juvenil. Antes de esta modificación, los adolescentes a partir de los 12 años podían enfrentar hasta diez años internados por delitos como homicidio o secuestro; para los mayores de 16 años, el límite era quince años.

Este megajuicio es el resultado culminante de una década llena de investigaciones y operativos. El Estado salvadoreño busca poner fin a un ciclo marcado por la impunidad al desmantelar definitivamente la cadena jerárquica de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del continente. La estrategia judicial se complementa con operativos masivos que han llevado a miles de pandilleros tras las rejas en los últimos años.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo es una prisión diseñada para ser casi imposible de evadir. Tiene capacidad para albergar a unos 40.000 reclusos considerados peligrosos, cuenta con más de mil custodios, 19 torres vigías y cercas electrificadas que alcanzan los 60 centímetros. Los internos visten uniformes blancos, duermen sobre planchas metálicas y solo tienen media hora diaria destinada al ejercicio. Está prohibido ingresar cualquier tipo de objetos personales como teléfonos móviles o joyas.

Las condiciones dentro del centro son extremas: los reclusos están bajo vigilancia constante y carecen incluso de elementos básicos como colchones adecuados o atención médica suficiente, según denuncias realizadas por organismos defensores de derechos humanos. Expertos han señalado que estas condiciones podrían considerarse «presuntamente inhumanas» y contrarias a las normativas internacionales sobre derechos humanos. A pesar del clamor internacional por estas circunstancias, el modelo del CECOT ha sido tomado como referencia por otros países centroamericanos. Por ejemplo, Costa Rica está construyendo actualmente el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), inspirado directamente en esta megacárcel salvadoreña; tendrá capacidad para 5.100 internos y un coste estimado en 35 millones dólares.

El megajuicio que comienza esta semana representa un firme compromiso del gobierno salvadoreño por judicializar su lucha contra el crimen organizado. Con este proceso judicial, El Salvador intenta mostrar que es posible desarticular estructuras criminales consolidadas mediante un enfoque combinado entre represión y justicia penal. Sin embargo, este modelo suscita tensiones con entidades internacionales defensoras de derechos humanos y plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo de una estrategia centrada únicamente en encarcelamientos masivos junto con condiciones extremas dentro del sistema penitenciario.