El giro de Trump con los aranceles pone en el punto de mira a España y a su tasa Google

El botón del pánico se llama ahora Sección 301, una disposición incluida en la Ley de Comercio estadounidense de 1974 que habilita a Washington para imponer sanciones individuales a los países cuyos actos se consideren injustos o discriminatorios con las empresas estadounidenses. Resulta que ... es una de la herramientas que la Administración Trump ha avanzado que utilizará para compensar la pérdida de ingresos derivada de la suspensión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de los aranceles recíprocos que había endosado a 65 países en la ofensiva comercial que siguió al ya célebre Día de la Liberación, y resulta además que es el dispositivo que en más de una ocasión ha amenazado con utilizar contra los países que han establecido figuras impositivas específicas para gravar a las empresas tecnológicas estadounidenses, es decir contra los que han aprobado su propia Tasa Google, como es el caso de España.

Para valorar si la amenaza es realista o no basta con repasar las notas emitidas esta semana por analistas o bancos de inversión, como el difundido por Pimco, el mayor gestor de fondos del mundo, que no solo descuenta que el Gobierno de Trump utilizará todas las posibilidades a su alcance para compensar los derechos arancelarios perdidos -equivalentes a 175.000 millones de dólares- por la decisión del Supremo de modo que las arcas públicas no se resientan de este revés, sino que traslada alguna pista sobre cómo lo hará. «Sospechamos que argumentará que los impuestos sobre los servicios digitales que aplican muchos países, entre ellos Japón y países de Europa, perjudican injustamente a las empresas tecnológicas estadounidenses», asegura en un informe a inversores circulado este jueves, en el que advierte de que la Administración Trump ya habría sentado en las últimas semanas las bases para actuar por la vía de la Sección 301.

No es algo que coja por sorpresa a las empresas españolas. Como ha venido informando en las páginas de ABC David Alandete, desde su llegada a la Casa Blanca Donald Trump no ha parado de lanzar advertencias a España, principalmente por su resistencia a equiparar el gasto en Defensa con el del resto de socios de la OTAN pero también por otras cuestiones, e incluso ha valorado la posibilidad de imponer sanciones selectivas en una serie de sectores especialmente sensibles para el país como las energías renovables, determinados componentes industriales y productos agroalimentarios como el aceite de oliva, el vino, los quesos curados y las frutas procesadas.

La percepción de que algún tipo de castigo a España se podía estar cocinando en los pasillos de la Casa Blanca ha puesto incluso en estado de alerta a las cúpulas de las mayores empresas multinacionales españolas, que hace unos meses instaron al Ministerio de Hacienda a replantearse el impuesto sobre los servicios digitales, como ya ha hecho Italia, ante el riesgo de que la Administración Trump lo utilizará como argumento para castigar a las empresas españolas con presencia en Estados Unidos.

Fuentes empresariales advierten de que no se trata de un tema menor y que lo que está en juego «es la competitividad de las empresas españolas en el mercado estadounidense», ya que una penalización selectiva que no afectara a sus empresas competidoras podría convertirse en un lastre difícilmente sostenible para sus intereses en el país. El pasado verano ya sobrevoló sobre las empresas españolas la posibilidad de un castigo por parte del Gobierno de Donald Trump a cuenta de la controvertida Sección 899 -finalmente descartada-, en virtud de la cual se planteaba un 'impuesto de represalia' de entre un 15% y un 20% sobre las rentas generadas en Estados Unidos por las empresas extranjeras cuyos países aplicaran el impuesto mínimo del 15% también rechazado por Trump. Entonces las empresas advirtieron de que bajo esos parámetros pasarían de soportar una retención del 0% o del 5% a una del 20% sobre los dividendos generados en Estados Unidos.

El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea el pasado verano pareció diluir la amenaza de un castigo selectivo a España y desde el Gobierno incluso se ha dado la bienvenida a la sentencia del Tribunal Supremo, ya que según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reduce el arancel medio que soportan los productos españoles desde el 14,4% al 12,6%. Sin embargo, la intención trasladada por Washington de reactivar la Sección 301 ha vuelto a sembrar la inquietud en los cuarteles generales de las empresas españolas a cuenta del mantenimiento del impuesto de servicios digitales, según confirman fuentes empresariales.

El Impuesto sobre los Servicios Digitales recaudó algo más de 375 millones de euros en el ejercicio de 2024, según los datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, un potencial recaudatorio que según las empresas palidecería ante las eventuales pérdidas que se derivarían de un castigo comercial específico para España.

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