Choque total por Aldama: Feijóo habla de escándalo mientras Bolaños y Patxi López intentan enmascarar la decisión de "normalidad"

Quedan muchos capítulos por escribir en relación al juicio que durante este mes ha centrado todas las miradas. La batalla política continúa en torno al llamado 'caso mascarillas', 'caso Koldo' o 'caso Ábalos' y de nuevo el protagonista es Víctor de Aldama. La decisión de la Fiscalía de mantener la petición de siete años de prisión para el empresario pese a su colaboración con la Justicia ha abierto un nuevo frente entre el Partido Popular y el PSOE a menos de 24 horas que se conozcan las conclusiones finales.

Recordemos que, en un principio, Aldama habría alcanzado un pacto con la Fiscalía, encabezada en este caso por Alejandro Luzón, por el que a cambio de su colaboración se le reduciría la petición inicial de 7 años de cárcel para él. Es por ello que durante semanas Aldama, principal comisionista de la trama y por lo tanto poseedor de numerosas y valiosas pruebas, ha ido poniendo encima de la mesa las mismas para obtener esos beneficios. 

Sin embargo, tras incriminar directamente a Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez en la trama, la Fiscalía General del Estado habría recibido un mensaje claro que debían de trasladar a Luzón: no hay pacto que valga con Aldama. Dicho y hecho, aunque Luzón en su escrito final parece que va a remarcar que la colaboración de Aldama ha sido indispensable, finalmente se le mantiene la condena. Esto es lo que ha provocado el choque entre populares y socialistas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en calificar la situación de “escándalo”. A su juicio, es una evidencia que la Fiscalía General del Estado ha intervenido para impedir que prosperara el acuerdo que el fiscal Anticorrupción estaba dispuesto a aplicar siguiendo su propio criterio profesional.

Feijóo ha defendido que, en derecho penal, la colaboración de un encausado debe traducirse en una rebaja de la pena. “Cuando alguien facilita el esclarecimiento de los hechos, lo lógico es pedir una disminución”, ha señalado, subrayando que esa ha sido precisamente la doctrina aplicada por Anticorrupción. Sin embargo, como decimos, la Fiscalía ha mantenido su postura inicial. Y ahí es donde el PP ve el problema. Los populares consideran que esta decisión supone un paso más en lo que describen como una “deriva de sometimiento al Gobierno”, al impedir que se aplique un criterio habitual en casos de colaboración con la Justicia.

De hecho, el propio PP, que lidera la acusación popular en el Tribunal Supremo, ha reducido su petición de pena para Aldama de siete a cinco años, precisamente por su papel en el esclarecimiento de los hechos. Según el partido, el empresario ha contribuido incluso a destapar otras actuaciones presuntamente delictivas vinculadas a José Luis Ábalos y Koldo García. Algo confirmado por el propio fiscal.

La crítica va más allá. Los populares denuncian una “contradicción flagrante” con el discurso del propio Gobierno, que impulsó mecanismos para proteger a quienes denuncian la corrupción. “Se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente”, sostienen.

Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo cierra filas con la Fiscalía. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que la decisión responde exclusivamente a “criterios técnicos” y ha defendido el respeto absoluto a la autonomía del Ministerio Fiscal. Bolaños ha aprovechado para cargar directamente contra el PP, acusándolo de “colaborar” con Aldama. Una afirmación que eleva aún más la tensión política en torno a un caso que ya golpea de lleno al entorno del Gobierno.

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, critica que el PP haya solicitado rebajar la pena al empresario. López cuestiona además el alcance real de la colaboración de Aldama y se pregunta dónde están las pruebas que prometió contra el PSOE.

Mientras tanto, el trasfondo judicial sigue su curso. En el Supremo, el foco no solo está en Aldama, sino también en el exministro Ábalos y su exasesor Koldo, para quienes las acusaciones populares piden penas mucho más elevadas. Este miércoles se presentan los escritos finales.

Pero el debate vuelve a trascender, como es habitual en este tipo de juicios, lo estrictamente jurídico. Para el PP, lo ocurrido lanza un mensaje preocupante: que colaborar con la Justicia puede no tener recompensa si las consecuencias afectan al Gobierno. Para el PSOE, en cambio, lo grave es que los populares intenten beneficiar a quien reconoció millonarias comisiones. El choque está servido. Y todo apunta a que el caso Ábalos, con Aldama, Koldo, Santos Cerdán y compañía en el meollo del asunto seguirá alimentando la confrontación política durante mucho tiempo.