Begoña Gómez acorralada: el juez Peinado refuerza los indicios con pruebas clave de las comisiones del caso Koldo

Las comisiones de investigación abiertas en el Senado y en la Asamblea de Madrid han dado un nuevo impulso judicial al caso que afecta a Begoña Gómez. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha incorporado testimonios clave recogidos en estos órganos parlamentarios para apuntalar los indicios de delito contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según recoge uno de los últimos tomos del sumario, la documentación procedente de las comisiones —especialmente la del denominado ‘caso Koldo’ en el Senado y la centrada en la cátedra de Transformación Social Corporativa (TSC) en la Asamblea madrileña— ha sido integrada como “prueba administrativa” dentro del procedimiento. El objetivo: contrastar versiones y detectar contradicciones entre lo declarado en sede parlamentaria y lo expuesto ante el juzgado.

El magistrado cerró la fase de instrucción el pasado 22 de abril con un auto en el que propone juzgar con jurado popular a Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. A los tres se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Uno de los elementos más relevantes para el juez ha sido la declaración del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien confirmó que acudió en 2020 al Palacio de La Moncloa tras ser citado por el entorno de Gómez, pese a no tener relación previa con ella. Este encuentro se produjo en el contexto de la puesta en marcha de la citada cátedra.

Especial peso tiene también el testimonio de la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez-Vierna, quien calificó como “nulas de pleno derecho” varias contrataciones vinculadas al proyecto por carecer de la fiscalización obligatoria. Estas irregularidades refuerzan la tesis de un posible uso indebido de fondos públicos.

Las comparecencias han permitido además detallar el papel de la asesora Cristina Álvarez, señalada como figura clave en la gestión del proyecto desde La Moncloa. Según los testimonios recogidos, participaba en reuniones y utilizaba recursos institucionales para coordinar patrocinios con empresas privadas, lo que, según la investigación, habría contribuido a proyectar una apariencia oficial a actividades de carácter privado.

Otro punto destacado es el testimonio del exvicerrector Juan Carlos Doadrio, quien aseguró que la creación de la cátedra respondía a una indicación directa vinculada a la figura de Gómez. Según declaró, el proceso se tramitó con una rapidez “inusual” y con la sensación de que “ya estaba todo preparado”.

La causa incluye además la supuesta apropiación de un activo tecnológico valorado en más de 100.000 euros, financiado en parte con fondos universitarios, que habría sido registrado a título personal por Begoña Gómez y posteriormente transferido a su empresa.

Con la instrucción cerrada y el juicio en el horizonte, el caso entra en una fase decisiva, marcada por el peso de unas pruebas que ya no proceden solo de la investigación judicial, sino también del ámbito parlamentario.