Ayuso y Madrid lideran la rebelión contra el "mayor fraude territorial del sanchismo" y el negocio político de Sánchez con Cataluña

La reforma de la financiación autonómica genera controversia

La presente semana se ha caracterizado por una nueva maniobra del presidente Pedro Sánchez, quien ha utilizado, una vez más, recursos ajenos para asegurar su continuidad en el gobierno. En esta ocasión, el coste recae sobre las Comunidades Autónomas, que se ven perjudicadas en favor de Cataluña. El reciente modelo de financiación, acordado por el Gobierno con los partidos independentistas catalanes, no responde a un acuerdo amplio ni a un objetivo de justicia territorial, sino a una exigencia política para mantener el apoyo de ERC.

La oposición de las comunidades

La Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, se posiciona como la principal voz crítica frente a un sistema que, a su juicio, vulnera el principio de igualdad entre todos los españoles. A esta postura se adhieren el resto de regiones: Castilla y León, Andalucía, Aragón, Islas Baleares... prácticamente todas las gobernadas por el Partido Popular, pero también territorios tradicionalmente socialistas como Asturias, o Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, ha llegado a exigir la convocatoria de elecciones.

El Gobierno de Ayuso ha anunciado que analiza todas las vías legales para bloquear una reforma que considera dañina para los madrileños y concebida únicamente para recompensar a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Una postura compartida abiertamente por el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

El desacuerdo en las cifras y los argumentos

La consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert, ha rebatido la versión del Gobierno central, acusando a la vicepresidenta María Jesús Montero de falsear la realidad y de difamar a Madrid con el argumento de una competencia fiscal desleal. Según la perspectiva regional, este relato busca justificar un modelo donde los contribuyentes madrileños terminarán costeando, en palabras de sus representantes, "las concesiones al independentismo". Una situación que, advierten, se extendería a ciudadanos de otras comunidades como Castilla y León, Andalucía o Extremadura.

Mientras el Ministerio de Hacienda habla de una distribución "más equitativa", la realidad del proceso ha sido diferente: el sistema no se negoció con las comunidades y se presentó primero a ERC que al conjunto de los territorios. Resulta significativo que Oriol Junqueras conociera con antelación los cerca de 4.700 millones de euros asignados a Cataluña, mientras al resto se les ofreció una exposición poco detallada, sin rueda de prensa.

Según las cifras oficiales, Madrid vería incrementados sus recursos en 2.555 millones para 2027. No obstante, la Comunidad desmiente esta cantidad, alegando que gran parte corresponde a fondos ya existentes o a tributos inicialmente definidos como transitorios. En cualquier caso, Madrid mantendría una aportación desproporcionada al sistema, superior al 149%, y dispondría de menos recursos por habitante que Cataluña para sostener servicios públicos fundamentales notamedia.es.

Un conflicto que trasciende lo económico

La controversia no es meramente presupuestaria, sino también política e institucional. El nuevo modelo se ha elaborado al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del principio de igualdad. Primero fue el pacto con Junqueras —que ni siquiera es el presidente de la Generalitat—, luego la campaña de comunicación y, por último, la convocatoria de un órgano multilateral convertido en mero formalismo.

Desde Madrid sostienen un principio claro: no se puede aceptar que un ciudadano tenga menos acceso a sanidad, educación o servicios sociales por no residir en una región con pretensiones independentistas. Por ello, rechazan cualquier fórmula que consagre categorías de ciudadanos dentro de España.

El descontento se extiende por el territorio

• En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha tildado el modelo del "mayor ataque" del Gobierno de Sánchez a su comunidad, denunciando que, pese a su extensión, apenas recibirá un 1% de los nuevos fondos.
• En Aragón, Jorge Azcón ha sido más contundente, acusando al PSOE de abandonar la defensa de la igualdad para abrazar la insolidaridad territorial. Cataluña se llevaría "la porción mayor del pastel", mientras las demás regiones asumen el coste de un chantaje político.

El Partido Popular está empleando su amplio poder territorial para intensificar la presión sobre un Gobierno de Sánchez ya desgastado, alertando del grave riesgo de transformar la financiación autonómica en un instrumento para la supervivencia política. En la sede del partido en Génova 13 tienen una convicción: esta no es una reforma para mejorar España, sino, una vez más, el peaje que paga Pedro Sánchez por permanecer en el poder.