Rebajan de 8 a menos de 4 años la condena al magrebí que agredió sexualmente a una niña de 14 en la feria de Ciudad Real
En un caso que ha conmocionado a la sociedad, un feriante ha sido objeto de un juicio tras ser acusado de un delito de abuso sexual a una menor. Aunque logró ser absuelto del cargo de corrupción de menores, las circunstancias del caso han requerido que la justicia imponga medidas severas para proteger a la víctima y asegurar que el acusado responda por sus actos.
Según los informes, el acusado, quien regentaba un puesto de venta en el recinto ferial de Ciudad Real, entabló conversación con la menor, nacida en 2008, con la intención de ganarse su confianza. La Fiscalía describe cómo, en la noche del 18 de agosto de 2023, ofreció a la niña dinero para que regresara al día siguiente, lo que constituyó el inicio de un episodio trágico. Al momento en que la menor volvió, el puesto se encontraba cerrado y cubierto, un escenario que presuntamente fue utilizado por el acusado para agredirla sexualmente.
Los detalles del abuso son particularmente desgarradores. Según la acusación, el hombre realizó tocamientos inapropiados y actos de violencia sexual que han dejado una marca indeleble en la vida de la menor implicada. Al final del acto, el acusado intentó silenciar a la niña ofreciéndole una pequeña cantidad de dinero, una acción que subraya la naturaleza manipuladora y coercitiva del abuso.
A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal dictó una pena de libertad vigilada de tres años, tras cual deberá cumplir con ciertas restricciones, entre ellas, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima. Además, se le ha privado de la patria potestad por un período de seis años y se le prohíbe toda comunicación con la menor durante siete años. Esto demuestra un esfuerzo por parte del sistema judicial para asegurar la protección a la víctima y enviar un mensaje claro sobre la inaceptabilidad de tales conductas.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la justicia en situaciones de abuso y la necesidad de mantener un enfoque firme y decidido hacia la protección de los menores. Mientras que la absolución del cargo de corrupción de menores puede generar controversia y debate, la implementación de medidas de seguridad y reparación para la víctima es un paso en la dirección correcta.
Es un recordatorio poignantemente claro de que, en la lucha contra el abuso infantil, cada detalle cuenta, y el sistema judicial debe trabajar arduamente para equilibrar la justicia con la seguridad de quienes más lo necesitan. En última instancia, la sociedad tiene la responsabilidad de crear un ambiente donde estos actos nunca sean tolerados y las víctimas encuentren el apoyo que merecen.