Ni en Bruselas se creen ya las cuentas del Gobierno para las pensiones: lo que eso implica
En los últimos meses, hemos visto cómo Bruselas ha elevado la voz en relación con la situación financiera de la Seguridad Social en España. Existe una creciente preocupación sobre la transparencia y sostenibilidad del sistema, que a menudo se presenta de forma simplista como algo que depende únicamente de las cotizaciones. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y se aleja del artificio contable que algunos quieren hacer prevalecer.
Es un hecho que las pensiones no se financian exclusivamente a través de las contribuciones. Afortunadamente para los pensionistas, el sistema goza de la inyección constante de miles de millones de euros por parte del Estado, ya sea a través de transferencias directas o préstamos cuya devolución es más que cuestionable. Este es un punto crucial que parece haberse pasado por alto en el debate público, y que Bruselas ha comenzado a señalar con claridad.
La Unión Europea no está interesada en realizar un mero ejercicio académico sobre las cuentas de la Seguridad Social. Su objetivo es asegurarse de que las finanzas del Gobierno español son viables, sobre todo en un contexto en el que los fondos europeos son cada vez más necesarios. Pedro Sánchez, consciente de la situación, se enfrenta a la presión de recalibrar sus números para ajustarse a las exigencias de Bruselas. Sin embargo, este proceso podría tener implicaciones graves más allá de la simple contabilidad.
Uno de los principales temores es que la incertidumbre sobre la viabilidad financiera interrupta el flujo de estos fondos vitales, que podrían ser fundamentales en el próximo ciclo electoral. Sin un respaldo económico claro, el Gobierno podría verse obligado a implementar ajustes que afectan proporcionalmente a los trabajadores y a su capacidad para cotizar.
Es importante destacar que cualquier ajuste automático que se ponga en marcha afectará directamente a la recaudación, no a las pensiones en sí. Pero debemos ser conscientes de que la presión sobre los ingresos fiscales puede llevar a la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes. Esto representa un peligro significativo para la competitividad de las empresas y, sobre todo, para la capacidad de los ciudadanos para afrontar el coste de la vida.
Los datos sobre salarios en España son alarmantes. Muchos jóvenes luchan por vivir con ingresos que no cubren sus necesidades básicas, mientras que el precio de la vivienda sigue en aumento. Esta situación es insostenible y pone de manifiesto una serie de deficiencias estructurales que no pueden ser ignoradas. La narrativa que rodea las finanzas de la Seguridad Social es, por tanto, una parte de un problema mucho más amplio que implica la calidad de vida de millones de personas.
En conclusión, el dilema financiero que enfrenta España no es meramente una cuestión de números. Es un reflejo de la fragilidad de nuestro sistema económico y social. La gestión de la Seguridad Social debe ser tratada con la seriedad que merece, sin ocultar la verdad detrás de artificios contables. La obligación del Gobierno es garantizar un sistema que no solo sea viable numéricamente, sino también justo y equitativo para todos los ciudadanos. El futuro de las pensiones y de las finanzas públicas depende de ello.