La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró mordidas por mediar en cinco contratos

Investigación por presuntas comisiones ilegales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está examinando si tres personas —la exmilitante socialista Leire Díez, el antiguo presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— recibieron pagos irregulares a cambio de intermediar en al menos cinco contratos vinculados a empresas del grupo SEPI. Según informaciones de la Cadena Ser confirmadas por fuentes próximas a la investigación, entre los negocios analizados se encuentran el rescate financiero de Tubos Reunidos y la adjudicación de un contrato público de Mercasa, presuntamente irregular.

Desarrollo de la operación judicial

Estos hechos se investigan en el marco de una operación coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas actuaciones están protegidas por secreto sumarial. Tras ser detenidos el pasado miércoles, los tres implicados quedaron en libertad provisional con medidas cautelares el sábado. Paralelamente, la UCO ha solicitado información en organismos como la SEPI y Correos, y ha realizado un registro en las oficinas de Enusa.

Presuntas operaciones y comisiones

De acuerdo con las pesquisas, se sospecha que los investigados pudieron recibir alrededor de 750.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023 a través de cinco operaciones. Las más destacadas son:

• El rescate de la empresa Tubos Reunidos, por 112,8 millones de euros, con una presunta comisión de 114.950 euros.
• Un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias, por 2,8 millones, que habría generado una comisión de 400.000 euros.
• Una ayuda de SEPIDES a la empresa Arapellet (del grupo Forestalia) por 17,32 millones, con una presunta comisión de 200.000 euros.

También se investiga un contrato menor de Mercasa, adjudicado a la empresa Servinabar —vinculada a Antxon Alonso y, según los investigadores, al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán—, aunque este último niega que dicho acuerdo tenga validez jurídica.

Situación legal de los investigados

Tras su comparecencia ante el juez Antonio Piña, los tres detenidos obtuvieron la libertad provisional con las siguientes medidas cautelares:

• Prohibición de abandonar el país.
• Retirada del pasaporte.
• Obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.

Durante su declaración, Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández negó cualquier participación en irregularidades en la contratación pública.