La corrupción se dispara un 178% en España desde la llegada de Sánchez al poder
España ha experimentado un notable deterioro institucional, situándose entre los países desarrollados con mayor declive democrático según el Varieties of Democracy Institute (V-Dem). Los datos revelan un empeoramiento significativo en la calidad democrática, seguridad jurídica y atractivo económico del país.
El informe de V-Dem, difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), muestra que España es el país de la OCDE que más ha empeorado en control de corrupción política desde 2019, escalando del puesto 23 al 14 (una posición más alta indica mayor corrupción). Esto coloca a España entre los países más corruptos de la OCDE, junto a México, Turquía, Hungría y Colombia. En 2024, España obtuvo una puntuación de 10,3 sobre 100, reflejando un empeoramiento del 178% desde 2019, el peor desempeño en la OCDE.
Además, según la Comisión Europea, el 91% de las empresas españolas considera que la corrupción está generalizada (frente al 64% de la media europea), y el 51% la ve como un obstáculo para sus actividades (36% en la UE).
El Índice de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana (IJM) sitúa a España en el puesto 20 de los 27 países de la UE, con una nota de 6,5 sobre 10, su peor calificación histórica. Este deterioro afecta a pilares esenciales del Estado de Derecho.
Un caso destacado es la Ley Beckham, donde la Agencia Tributaria otorgó certificados que luego desconoció, iniciando inspecciones retroactivas de hasta once años. Esto ha generado una macrocausa con cientos de afectados, denunciando inspecciones abusivas, falta de garantías procesales y amenazas penales, dañando la credibilidad internacional y desincentivando la inversión.
Otro problema es la politización del Tribunal Constitucional: el 66% de sus magistrados han sido cargos políticos. Además, se ha abusado del decreto-ley como vía legislativa ordinaria, con 155 decretos aprobados por el actual presidente, 26 más que Felipe González en la mitad de tiempo. La Comisión Europea ha alertado del impacto negativo en la seguridad jurídica y competitividad.
El IJM concluye que España está en un círculo vicioso: el deterioro institucional incentiva mayor control político, erosionando su independencia y legitimidad. La pérdida de confianza, tanto interna como internacional, debilita el crecimiento económico y la convivencia democrática.