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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El reciente atentado en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha resurgido un torrente de recuerdos que muchos colombianos preferirían dejar atrás. Las sombras de las décadas de los 80 y 90, cuando la violencia política se cobraba vidas a un ritmo alarmante, han vuelto a inundar el imaginario colectivo del país. Hoy, la historia de Colombia se narra no solo a través de sus avances, sino también de las tragedias que han marcado a sus líderes, tanto en el pasado como en el presente.
El panorama político colombiano, en el contexto de la confrontación armada que comenzó en los años 60 con la aparición de las guerrillas y se intensificó a través de la conocida "La Violencia", ha sido un testigo silencioso de un ciclo interminable de derramamiento de sangre y tragedias. Este periodo histórico, aunque se remonta a generaciones anteriores, encuentra su culminación en los años 90, cuando la violencia política alcanzó su punto más álgido. El asesinato de cuatro candidatos en las elecciones de 1990, en un contexto de persecución brutal del partido Unión Patriótica, se convirtió en una marca indiscutible de la fragilidad del sistema democrático.
Más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados entre los años 80 y 90 a manos de grupos armados y del mismo aparato del Estado. Esta masacre, perpetrada en un contexto de impunidad y complicidad, dejó huellas imborrables en el tejido social y político del país. Personajes como Jaime Pardo Leal y Luis Carlos Galán, símbolo de la lucha por un futuro sin violencia, pagaron el precio más alto por sus convicciones.
El asesinato de Luis Carlos Galán, el candidato favorito de las elecciones de 1990, a manos del Cartel de Medellín, refleja no solo el poder del crimen organizado, sino también la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado. La implicación del sistema en estos eventos escalofriantes, junto con la trágica historia de su cuñada, Maruja Pachón, y Diana Turbay, resalta cómo la violencia ha sido un elemento constante en la vida de aquellos que han osado desafiar a los poderes fácticos.
El ciclo de violencia no se detuvo con estos asesinatos. Los líderes progresistas continuaron siendo las principales víctimas de un conflicto que, a pesar de los acuerdos de paz, aún sigue cobrándose vidas. El caso de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, asesinados en un breve lapso, ilustra la percepción de la nación hacia el conflicto: un país que parece estar atrapado en un espiral de genocidio político, donde cada líder que emerge en la lucha por la justicia social se convierte en un blanco.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 fue un rayo de esperanza para muchos, pero aun así, el país sigue enfrentándose a la dura realidad de la violencia. Las heridas aún no han sanado y la impunidad persiste, no solo para las figuras políticas, sino también para los líderes sociales, campesinos e indígenas, que a menudo se encuentran en la línea de fuego de este conflicto en el que la vida parece perder valor.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay no es solo un recordatorio de un pasado doloroso, sino una llamada de atención sobre la urgente necesidad de confrontar la historia de violencia que ha asolado a Colombia y continuar trabajando hacia un futuro donde el diálogo y la paz sean las bases de la convivencia. Es un momento para reflexionar sobre el costo de la política en un país que, a pesar de sus cicatrices, sigue anhelando un cambio verdadero.