El Tribunal de Cuentas desmiente la propaganda de Sánchez sobre las finanzas del PSOE
En un reciente análisis sobre las finanzas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se han detectado importantes errores y omisiones que ponen en jaque su compromiso con la transparencia y la legalidad. Según informes revisados por The Objective, existe una falta de claridad en la procedencia de las donaciones, algo que se encuentra explícitamente regulado en el artículo 14 de la Ley sobre financiación de partidos políticos.
Estas deficiencias se hicieron aún más evidentes en el Informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia del año pasado, donde se señaló la falta de información crucial en la página web del partido. No solo se omitieron los sueldos de los dirigentes y los pagos por asistir a reuniones, sino que también se ignoraron las obligaciones legales de publicar los nombres de aquellos que donaron más de 25.000 euros, lo que podría interpretarse como un intento de ocultar la identidad de los financiadores.
El informe correspondiente a las cuentas de 2020 reveló irregularidades alarmantes. Entre ellas, la falta de identificación de los montos según su naturaleza económica, lo que genera dudas sobre la correcta registración de las operaciones en las cuentas anuales. Además, el órgano de control detectó provisiones inadecuadas que llevaron a una infravaloración del patrimonio neto del partido en cerca de 5,2 millones de euros. A esta cifra se añadieron alrededor de cien cuentas de agrupaciones locales que no fueron presentadas y 110 cuentas bancarias de sedes regionales que, con un total de 400.183 euros, no fueron informadas.
El descontrol sobre los ingresos también dejó mucho que desear. Los 7,5 millones de euros provenientes de aportes de grupos municipales fueron mal registrados como de origen privado, lo cual representa una alerta contable significativa, pues podría esconder la verdadera fuente de esos recursos. También se hizo mención de 27 inmuebles, valorados en 1,16 millones de euros, que aún permanecen fuera de la contabilidad, así como un deterioro inmobiliario de más de 370.000 euros.
A pesar de que los ingresos del partido alcanzaron los 81,9 millones de euros en 2020, con un desglose que incluía 79 millones de la gestión ordinaria, el Tribunal de Cuentas corrigió la proporción entre los ingresos públicos y privados, sugiriendo que las cifras iniciales presentadas no eran fiables.
Las anomalías contables no se detuvieron en los ingresos. Los gastos del partido ascendieron a 66,6 millones de euros, con casi cuatro millones destinados a campañas electorales. Un millón de euros fue destinado a provisiones por obligaciones sin el respaldo normativo adecuado, algo que repitió un criterio utilizado en años anteriores sin justificación clara.
La reciente propuesta del presidente del PSOE de encargar una auditoría externa de las cuentas parece más un intento de aplacar la presión que un verdadero compromiso hacia la transparencia. Este gesto se asemeja a la anunciada “venta” de la sede de Génova por parte del exdirigente popular Pablo Casado, en un momento de crisis que lo llevó a la irrelevancia.
En conclusión, las finanzas del PSOE no solo revelan una falta de transparencia, sino que también desafían la confianza pública que debería prevalecer en cualquier partido político. La necesidad de revisar y corregir estas irregularidades es más urgente que nunca si se desea restaurar la credibilidad y el compromiso con la legalidad en la política española.