El Gobierno culpa de la corrupción a las empresas: difundirá una lista negra de compañías condenadas

Nueva legislación sobre responsabilidad empresarial en casos de corrupción

La administración actual está elaborando una normativa que establecería la responsabilidad legal de las corporaciones en delitos de corrupción, similares a los que han afectado a figuras del ámbito político. El departamento de economía ha comunicado que hará público un registro oficial con los nombres de aquellas entidades comerciales que hayan sido sentenciadas por este tipo de ilícitos, las cuales quedarán impedidas de realizar acuerdos con el sector público.

Origen y alcance de la propuesta

La iniciativa fue presentada en la reunión semanal del gabinete ministerial como un anteproyecto de ley de transparencia institucional. Estas acciones fueron comprometidas tras revelarse una red de irregularidades dentro de la formación gubernamental, lo que resultó en la renuncia de uno de sus principales coordinadores.

La ministra responsable subrayó que el aspecto más relevante es que el listado de firmas suspendidas para licitaciones públicas dejará de ser confidencial y estará disponible para toda la ciudadanía. "Incluirá a las compañías convictas por conductas corruptas", enfatizó.

Características principales de la ley

Según el gobierno, esta regulación atiende a una demanda social fundamental. El texto incluye numerosas disposiciones repartidas en varios documentos legales, enmendando múltiples normativas previas. Fue descrita como "una ley muy ambiciosa".

• Creación de un registro público de empresas excluidas de la contratación estatal.
• Incremento de las penas de inhabilitación de 15 a 20 años para empresas condenadas, impidiéndoles también acceder a ayudas públicas.
• La medida centra la atención en las entidades que sobornan, además de en los funcionarios implicados.

Mayor control sobre la financiación política

Paralelamente, se reforzarán los mecanismos de supervisión y claridad en las contribuciones económicas a las agrupaciones políticas y sus fundaciones.

• Se baja drásticamente el límite para declarar donaciones: de 25.000€ a 2.500€.
• Se acorta el plazo para notificar estas aportaciones a un mes.
• Obligatoriedad de auditorías externas e independientes para los partidos.
• Se establece una multa equivalente al doble del valor de cualquier donación no declarada.

El objetivo es dificultar el acceso a fondos estatales para campañas electorales, exigiendo un mayor nivel de rendición de cuentas. Este movimiento se produce en un contexto de pesquisas judiciales sobre la financiación de la principal fuerza gobernante, tras el encarcelamiento de dos de sus ex altos cargos por casos de corrupción.