Ayuso se querella contra Maroto por acusarla de ''asesinar'' a mayores en residencias
### La Controversia Político-Social en Madrid: Un Debate sobre Decencia y Responsabilidad
En los últimos días, la política madrileña ha estado marcada por una serie de declaraciones incendiarias que han puesto en tela de juicio la ética y la decencia en el discurso público. El consejero García Martín ha advertido que las afirmaciones del político Maroto “traspasan líneas rojas de decencia política”, constituyendo una imputación directa que no puede ser pasada por alto.
El 19 de marzo, la situación se agudizó cuando la Comunidad de Madrid registró una demanda de conciliación, un paso necesario antes de presentar una querella formal si Maroto no rectificaba su polémica afirmación. En un giro impactante, Maroto había afirmado la existencia de 7,291 personas mayores que fueron “asesinadas” en residencias debido a la falta de derivación hospitalaria. Sin embargo, tras el aluvión de críticas, Maroto emitió un comunicado retractándose y reconociendo que sus palabras no fueron las más adecuadas.
Las declaraciones de Maroto han suscitado un profundo malestar en el ámbito político y social. García Martín enfatizó que en política “no vale todo” y que imputar un delito público no puede quedar impune. Esta idea fue reforzada por el alcalde Almeida, quien decidió romper relaciones institucionales con el PSOE en el Ayuntamiento, calificando las declaraciones de Maroto como “nauseabundas”. Para agregar leña al fuego, la ministra Ione Belarra ha sido citada al acto de conciliación el 26 de junio por acusar al Gobierno madrileño de “gestión homicida”.
El debate ha tomado otra dirección con las acusaciones de Belarra, quien ha instado a que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, “debería estar en la cárcel por gestión homicida y criminal”. Frente a esto, la Comunidad defiende que su gestión ha estado enfocada en proteger a los profesionales de la salud que lucharon incansablemente durante la pandemia por salvar vidas.
Los ecos de esta controversia no se limitan solo a la figura de Maroto. Se ha planteado una querella contra Pablo Fernández, de Podemos, por acusaciones similares de “homicidio”. Maroto, por su parte, ha intentado justificar sus comentarios, señalando que su intención era alertar sobre la falta de atención médica en residencias y no hacer acusaciones graves de asesinato.
El Ayuntamiento de Madrid ha exigido disculpas públicas de Maroto y una retractación de sus palabras, describiéndolas como “inaceptables”. En un clima tan polarizado, García Martín ha remarcado que “la verdad se va a conocer”, mientras critica las instrumentalizaciones políticas del luto durante la pandemia.
El proceso legal sigue su curso con actos de conciliación programados y la posibilidad de querellas si los implicados no se retractan públicamente. Además, el Tribunal Supremo ha archivado una denuncia penal contra Ayuso por falta de evidencia concluyente, aunque ex altos cargos han sido imputados por los protocolos en residencias en tiempos de crisis sanitaria.
A pesar de las tensiones y el clima adverso, el PSOE, Podemos y el Ayuntamiento defienden su derecho a la crítica, mientras que Ayuso insiste en la necesidad urgente de defender a quienes han trabajado arduamente en momentos críticos. La continuidad de esta controversia dependerá del calendario judicial, con las conciliaciones programadas para el 10 de junio y el 26 de junio. Si no se alcanzan acuerdos, es probable que la contienda legal se intensifique con querellas en el horizonte. La situación actual es un testimonio de cómo el discurso político puede influir en la percepción pública y la implicación legal de los actores involucrados.