Asociaciones de Fiscales y la Abogacía madrileña exigen la dimisión del fiscal general procesado
La situación actual en la Fiscalía española ha alcanzado un punto de inflexión que exige un análisis profundo y pausado. Las recientes declaraciones de Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), reflejan una creciente inquietud dentro del cuerpo fiscal respecto a la permanencia de la figura del fiscal general, en este caso, García Ortiz. Dexeus ha calificado la actual gestión como "insostenible", subrayando que la continuidad de García Ortiz en su cargo representa una "causa absoluta de sonrojo y vergüenza" para la institución.
Este malestar no se limita a las opiniones personales; existe una preocupación real por las implicaciones que la permanencia de García Ortiz podría traer, especialmente en el contexto de su responsabilidad sobre la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también está coprocesada. La falta de una disposición estatutaria que obligue a su dimisión crea una paradoja inquietante: el líder de la institución podría encontrarse en la posición de suspender a su subordinate, a pesar de estar él mismo bajo un proceso judicial.
Es un hecho que la imparcialidad institucional es un pilar fundamental de la justicia. Dixeus ha enfatizado que si un fiscal puede ser suspendido por el hecho de estar procesado, la lógica exige que la misma regla se aplique a quien se encuentra al mando. Este llamado a la coherencia destaca la fragilidad de la confianza pública en la justicia, un elemento crítico en el funcionamiento de cualquier democracia.
Por otro lado, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional de Fiscales (APIF), ha hecho un llamamiento directo a la ética y la responsabilidad personal al instar a García Ortiz a dimitir. Pallarés aclara que la decisión de no dimitir ha llevado a que su organización se personara en el caso, lo que evidencia una disidencia creciente que podría escalar si no se toman medidas adecuadas.
Asimismo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha recordado que la controversia se origina, entre otras cosas, en la defensa del secreto profesional de sus colegiados, un principio fundamental sobre el que se sostiene el ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa. El ICAM ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos y libertades jurídicas, anticipando que adoptará medidas necesarias para salvaguardar estos principios.
En conclusión, la crisis actual en la Fiscalía no solo pone en entredicho la reputación de sus líderes, sino que también desafía los principios fundamentales del sistema judicial español. La presión por la dimisión de García Ortiz es un clamor que va más allá de la política institucional; es un llamado a restaurar la confianza pública y reafirmar el compromiso con la justicia objetiva y equitativa. La resolución de este conflicto no solo determinará la dirección futura de la Fiscalía, sino también el estado de salud de la justicia en España.