Así se aferra Pedro Sánchez al poder utilizando la Ley Electoral
### La Reforma Electoral de Sánchez: Una Jugada Defensiva en Tiempos de Crisis
Cercado por los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y presionado por sus socios parlamentarios, el presidente Pedro Sánchez ha decidido mover fichas en un tablero político que se torna cada vez más delicado. En un contexto lleno de incertidumbres, su gobierno ha optado por reducir el plazo de audiencia pública de quince a diez días, amparándose en la Ley 50/1997 que enmarca la urgencia administrativa.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esta medida busca reforzar la transparencia electoral, pero muchos especialistas advierten que tras esta justificación se esconde una reforma que altera de manera significativa las reglas del juego político. La nueva norma, entre otros cambios, establece que los medios de comunicación públicos deben celebrar al menos un debate electoral en cada campaña, obligando a la participación de todos los partidos con representación parlamentaria. Además, se incluye la posibilidad de que “grupos políticos significativos” también tomen parte, según lo estipulado por la Junta Electoral Central.
Una característica notable de esta reforma es que, aunque los medios privados no están obligados a organizar debates, si deciden hacerlo, deberán cumplir con principios fundamentales como el pluralismo, la igualdad y la neutralidad, que son exigidos ya a los medios públicos. Por otro lado, la reforma incluye la obligación de publicar microdatos de encuestas, lo que busca garantizar la fiabilidad y permitir que los ciudadanos verifiquen los resultados. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la posibilidad de que esto se convierta en un instrumento para controlar los relatos demoscópicos, particularmente si se cuestionan desde el poder.
La premura en la reducción del plazo de audiencia pública limita también el debate profundo sobre estas medidas. Sánchez parece querer cerrar esta reforma lo antes posible, antes de que los escándalos lo sobrepasen. En este sentido, la situación es crítica: a las acusaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, se suma el revelador informe de la UCO sobre el caso Koldo. Este exhaustivo documento de casi 500 páginas sugiere un presunto esquema de comisiones ilegales operado desde el Ministerio de Transportes, lo que ha suscitado una creciente preocupación entre sus socios de gobierno, ERC y Junts, quienes han incrementado sus exigencias.
El actual clima de desconfianza entre los aliados políticos de Sánchez convierte cada votación en una subasta, reflejando la fragilidad de su posición. En este escenario, la reforma electoral puede interpretarse como una jugada defensiva: un intento de establecer controles que le permitan gestionar mejor la campaña electoral anticipada. Al imponer debates obligatorios y regular el acceso a datos de encuestas, se puede limitar la sorpresa y dominar la narrativa.
En conclusión, lo que se presenta como una mejora en términos de transparencia es visto por muchos como una estrategia diseñada más para proteger al gobierno que para abrir el sistema democrático. Esta reforma parece estar más enfocada en el control que en el equilibrio. El plan de Sánchez para perpetuarse en el poder está en marcha y sus estrategias legislativas, en lugar de democratizar el proceso electoral, se centran en afianzar su posición frente a la oposición, la justicia y, sobre todo, frente a las grietas en su propio partido. La reforma electoral, así, se convierte en un instrumento para resistir, más que en un paso hacia una mayor apertura democrática.