Así es la propuesta del Gobierno para callar a periodistas de investigación

Un nuevo anteproyecto de ley que regula el secreto profesional de los periodistas ha generado debate por su posible impacto en la protección de las fuentes. El texto permite que los jueces identifiquen a quienes filtren información a los medios en casos específicos, lo que ha despertado preocupaciones sobre la libertad de prensa.

La norma establece que la Justicia podrá acceder a las fuentes de los periodistas bajo dos condiciones principales: cuando sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida o seguridad de las personas, o cuando se busque prevenir un riesgo grave para la seguridad nacional o el sistema constitucional. Estas restricciones buscan limitar las intervenciones a situaciones de extrema gravedad.

Para ello, el anteproyecto autoriza medidas de "vigilancia intrusiva", incluyendo la instalación de programas espía en ordenadores y sistemas de medios de comunicación, así como en los teléfonos de periodistas. Según El Español, estas acciones podrían realizarse sin que el periodista sea consciente, con el fin de identificar a los filtradores y permitir que la Justicia actúe contra ellos.

El texto aclara que los periodistas no serán penalmente responsables si la información publicada es de interés público y relevancia. Las autoridades podrían procesar a los filtradores, pero los periodistas quedarían al margen de consecuencias legales.

Sin embargo, la norma también amplía su alcance más allá de los supuestos iniciales. El Artículo 6, apartado 1, indica que la vigilancia podrá aplicarse en casos de delitos graves con penas superiores a tres años, como terrorismo, narcotráfico o blanqueo de capitales, según la Declaración Marco 2002/584/JAI.

El anteproyecto ha generado controversia, con críticas de que podría socavar el principio de confidencialidad de las fuentes, considerado un pilar fundamental del periodismo.