Antifraude denuncia «irregularidades» en una obra de ADIF de Blanco, Ábalos y Pardo de Vera
La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido al Tribunal Supremo un informe que alerta de graves irregularidades en la construcción de la estación de cercanías de Albal, con un sobrecoste superior a un millón de euros. El documento, ya en manos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, señala deficiencias en el convenio de 2019 entre el Ayuntamiento y ADIF, vinculando el caso a la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
La investigación surgió por denuncias sobre un proyecto iniciado en 2011 pero materializado en 2019, cuando el Ayuntamiento firmó un acuerdo con ADIF para cofinanciar la estación, adjudicada a Lantania por 4,97 millones. El informe revela que el consistorio asumió compromisos económicos sin presupuesto suficiente ni informes que avalaran la operación, incumpliendo la Ley de Haciendas Locales. Además, el convenio se firmó sin fiscalización previa, con cláusulas irregulares y sin el reparto anual requerido, lo que Antifraude considera "vicios de nulidad".
La obra superó en más de un millón el coste previsto, con modificados adicionales por 800.000 euros, todo ello sin informes técnicos o jurídicos que justificaran los cambios. También se incumplió el Patricova, plan autonómico contra inundaciones, agravado por la riada de octubre que dañó la estación recién terminada, obligando a reparaciones antes de su inauguración en 2025.
Aunque Antifraude no analiza a ADIF por ser ente estatal, destaca que las irregularidades locales coincidieron con decisiones del ministerio de Ábalos. La UCO investigará posibles vínculos con el caso Koldo. El juez Leopoldo Puente ha incorporado el expediente a la causa y lo ha derivado a la Guardia Civil.
Lantania, la empresa adjudicataria, afirma que su contratación fue legal y ajena a las irregularidades del convenio, destacando que presentó la oferta más ventajosa.
El informe también incluye un expediente sobre Fiadelso, fundación vinculada a Ábalos, que incurre en "causa de disolución" por no aprobar sus cuentas entre 2016 y 2020. La falta de transparencia podría ser relevante para la investigación judicial.
Este caso aumenta la presión sobre Ábalos, ya imputado, sumando dudas sobre su gestión ministerial. La estación de Albal se une a proyectos cuestionados por sobrecostes y falta de controles.